El privilegio peronista: Alperovich en Puerto Madero
La reciente decisión judicial que permite a José Alperovich, ex gobernador y ex senador, cumplir su condena de 16 años por abuso sexual en su lujoso departamento de Puerto Madero, en lugar de una cárcel común, ha desatado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la igualdad ante la ley. Mientras miles de ciudadanos cumplen sus penas en condiciones penitenciarias a menudo precarias, Alperovich goza de las comodidades de un inmueble que, irónicamente, fue escenario de dos de los crímenes por los que fue condenado. Esta medida, sustentada en argumentos de salud y edad avanzada que contradicen informes médicos del propio penal, subraya una dolorosa verdad: en Argentina, la justicia parece tener tarifas y condiciones diferentes según el poder y la fortuna del acusado.
El contraste entre el discurso de la «igualdad popular» y la realidad que exhibe el caso Alperovich es, cuando menos, chocante. Aquellos que enarbolan la bandera del pueblo y denuncian a la «oligarquía» son, paradójicamente, los que amasan fortunas, residen en los barrios más exclusivos y, cuando son condenados por delitos graves, parecen acceder a un sistema judicial paralelo. La fianza de 400 millones de pesos exigida a Alperovich, una cifra astronómica e inalcanzable para la inmensa mayoría, no hace más que reforzar esta percepción de que existen ciudadanos de primera y de segunda categoría, donde la capacidad económica se convierte en un salvoconducto para evadir las condiciones de reclusión que enfrentaría cualquier otro.
Este caso no es un incidente aislado; se suma a un preocupante patrón de decisiones judiciales que parecen favorecer a figuras de poder, erosionando la confianza pública en las instituciones. La imagen de un condenado por delitos tan aberrantes disfrutando de su vida en Puerto Madero, mientras sus víctimas lidian con las secuelas de sus actos, envía un mensaje devastador a la sociedad: que la justicia no es ciega ni equitativa para todos. Si quienes pregonan la igualdad son precisamente los que se benefician de estas desigualdades flagrantes, ¿qué queda del concepto de justicia para el ciudadano común? La pregunta resuena con fuerza: ¿dónde está la verdadera igualdad si el acceso a un trato privilegiado ante la ley parece ser un derecho reservado solo para unos pocos?
